La Portavoz del SISEJ, Abigail Fernández, acudió en la tarde de ayer al Ministerio de Justicia convocada por la Secretaria de Estado de Justicia, Dª Carmen Sánchez-Cortés Marín, a una reunión a la que también asistió el Secretario General de la Administración de Justicia, D. Antonio Dorado Picón. En la misma, que se ha desarrollado en un ambiente cordial, se trató la problemática surgida a raíz de las manifestaciones del Consejo Fiscal y la Fiscal General del Estado en relación con la revisión de las causas penales de conformidad con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue objeto de reforma el pasado mes de octubre.
Según ha explicado el Ministerio, los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia han colaborado con la Fiscalía en los términos de dicho artículo y de la instrucción que en su momento les dirigió el Secretario General, lo que quedará acreditado con el resultado de la recogida de datos que se está llevando a cabo estos días, organizada a raíz de la sombra de duda que las altas instancias de la Fiscalía han dirigido sobre los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia.
Desde el SISEJ hemos reclamado al Ministerio una declaración expresa de defensa de la actuación profesional de nuestro colectivo, que consideramos necesaria teniendo en cuenta no sólo que la Fiscal General al hacer sus declaraciones, no se ha basado en datos contrastados ni en quejas que se hayan cursado por falta de colaboración de nuestro cuerpo (según el Ministerio no se ha presentado ninguna), sino que, además, la principal perjudicada por las irresponsables declaraciones de la Fiscal General es la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Asimismo, hemos expuesto nuestro descontento por la forma en que se ha gestionado la necesaria colaboración en esta materia entre Fiscalías y órganos judiciales. El Ministerio Fiscal es de sobra conocedor de que dicha colaboración no es unidireccional, sino recíproca, así como de que el personal de juzgados y tribunales, con los y las Letradas de la Administración de Justicia al frente, no depende de la Fiscalía, por lo que en ningún caso puede exigir que la colaboración se convierta en trabajo efectivo a su favor, ni que las funciones que la ley atribuye a los Fiscales se realicen en juzgados o tribunales.
Por otra parte, dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé la manera en que debía desarrollarse la colaboración entre oficinas judiciales y fiscalías, ambas instancias, Ministerio y Fiscalía, tenían la responsabilidad de llegar a un acuerdo legal sobre esta cuestión. Cabe recordar que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se impulsó a partir de un proyecto de ley gestado en el Ministerio de Justicia, y que tratándose de una norma de procedimiento podría haber regulado este punto. Lo que pone de manifiesto la situación que se ha generado es que el Ministerio no calibró las consecuencias del redactado del artículo ni la disposición del Ministerio Fiscal a colaborar con el cumplimiento del mismo sin pretender quebrar el marco competencial de los colectivos implicados.
Desde el SISEJ consideramos necesario acabar con los ataques entre colectivos, sin perjuicio de lo cual creemos que debería reprobarse públicamente la actuación de la Fiscal General del Estado, más allá de que los datos que se hagan públicos en los próximos días confirmen lo que realmente ha ocurrido.
Igualmente, consideramos que el Ministerio debe asumir responsabilidades ante los múltiples ejemplos de las consecuencias de una deficiente técnica legislativa y un recurso a eslóganes cuya aplicación práctica no se valora adecuadamente, así como las de una gestión posterior torpe y apresurada. Baste recordar las incidencias por la entrada en vigor de la ley de tasas, el papel cero o el propio escalafón de Letrados de la Administración de Justicia, que no ha podido elaborarse en el plazo que fijó el mismo Ministerio.
Por último, aprovechamos la ocasión para trasladar a la Secretaria de Estado las conclusiones del 6 congreso del SISEJ y nuestra propuesta de reforma de estructura judicial a través de Tribunales de Base o Proximidad, documentos que ya habíamos hecho llegar al Secretario General. Asimismo, les manifestamos nuestra voluntad de continuar colaborando con el Ministerio de Justicia, constructivamente desde las discrepancias que mantenemos en muchos ámbitos, en beneficio de una Administración de Justicia de calidad.
