El pasado viernes 23 de abril el Ministerio de Justicia convocó a las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia a una reunión cuyo único punto del día fue la Ley de Eficiencia Organizativa, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril. A dicha reunión, la primera presencial desde el inicio de la pandemia, acudieron el Secretario de Estado Pablo Zapatero, el Secretario General Borja Vargues, la Directora General Concepción López-Yuste, el Director de la Oficina de Proyectos Francisco Cabo y José Juan Tomás. SISEJ fue representado por nuestro Secretario de Organización Raúl Asensio.
El Secretario de Estado, tras una exposición del sistema de trabajo de su equipo y de la importancia que para el mismo tienen las tres leyes de eficiencia (procesal, organizativa y digital), quería conocer las primeras impresiones que el anteproyecto había causado en nuestro colectivo, al igual que había hecho la jornada anterior con jueces y fiscales, abogados, procuradores y graduados sociales. Las tres grandes novedades que traerá esta ley es la creación de los Tribunales de Instancia como sistema de organización colegiada que desplace el modelo tradicional de Juzgado unipersonal, la implantación definitiva de la Oficina judicial como soporte de estos y, de otro lado, la aparición de las Oficinas de Justicia en el municipio como evolución de los Juzgados de Paz, que desaparecerán. Zapatero insistió en que los LAJ son el fundamento del sistema, dotándolo de cohesión. Los tiempos de implantación que se manejan son muy apretados pues entre 2022 y 2023 se darían todas las creaciones e implantaciones previstas, pero hubo consenso de todos los presentes en considerar que se debe dar el impulso definitivo al cambio para evitar que nuevamente pueda quedar postergado.
El Secretario General por su parte, incidió en explicar los diferentes trámites por los que el anteproyecto había de pasar antes de enviarlo al Congreso, negando que se trate de una norma cerrada y esperando de nuestro cuerpo aportaciones que enriquezcan el texto durante el período de audiencia pública como ya ocurrió con la ley de eficiencia procesal. Asimismo, manifestó que esta ley era una apuesta clara por los LAJ y una evolución del modelo de oficina judicial diseñado en 2003 y que de ningún modo han buscado desmantelarlo sino reforzarlo. Por su parte, el Director de la Oficina de Proyectos Francisco Cabo aclaró que esperan poder contar con nuestra participación no sólo en esta fase de creación de la norma jurídica, sino también en la de implantación, que se prevé que sea mucho más fácil en aquellas poblaciones que ya cuentan con la Oficina judicial desplegada.
Nuestro Secretario de organización, Raúl Asensio, tras agradecer la convocatoria y desmarcar a SISEJ de la dura carta que el resto de asociaciones había dirigido al Ministerio el día previo a la reunión por considerar que la misma estaba totalmente fuera de lugar, aprovechó su intervención para poner en valor la labor que el actual equipo ministerial está desarrollando, sin perjuicio de lo cual puso de relieve que el Ministerio debe contar con nuestro cuerpo todavía más de lo que se hace. La desaparición del servicio común de ordenación del procedimiento en la Oficina judicial diseñada nos parece un claro retroceso y hace que el diseño de aquélla se resienta. Además, la coordinación entre el LAJ y el Presidente del Tribunal o Sección a la que hace referencia el 437.5 LOPJ tememos que pueda ser un concepto vacío y una vía de agua por la que puedan diluirse nuestras facultades de dirección del proceso y, con ello, la necesaria homogeneidad en aspectos puramente adjetivos.
De otro lado, nuestro compañero criticó que no se variase un ápice las funciones del LAJ en la LOPJ; manifestó asimismo que resulta perentorio concebir nuestra figura como algo más que un simple fedatario público y considerar la posibilidad de, con el curso de formación puente preceptivo, poder pasar a ser miembros de la carrera judicial y fiscal. Además, visto que según todos los representantes del Ministerio las facultades directivas y organizativas de los LAJs no van a resultar mermadas sino potenciadas, se recordó la necesidad de seguir formándonos en estas áreas, tanto en aspectos generales como en los específicos derivados de la normativa de teletrabajo que podría ver la luz en los próximos días.
Por último, se valoró positivamente la creación y concepto de las Oficinas de Justicia en los municipios, por entender que supondrán una gran mejora en el servicio público de justicia sin ahondar en los problemas de la “España vaciada” que podría haber supuesto su desaparición. Sí se resaltó la necesidad de que estas oficinas sean vías de salvar la brecha digital que afecta a una gran parte de la ciudadanía y de coadyuvar a la inmediación telemática, recogiendo entre sus funciones la práctica de actuaciones por estos medios.
Finalmente, el Secretario de Estado destacó que la existencia de 410 millones de euros procedentes de fondos europeos facilitará la puesta en marcha el proyecto al cubrir no sólo la adquisición e implantación de toda la infraestructura tecnológica sino también la gestión del cambio y la creación de los manuales necesarios. También anunció que se prevé que el anteproyecto de la ley de eficiencia digital estará finalizado en junio y que se está trabajando en el desarrollo de herramientas que permitan la obtención automatizada de los datos de los boletines estadísticos. Por su parte, la Directora General informó que todavía se están realizando trabajos preparatorios para determinar los importes en que se traducirá la adecuación salarial a que obliga la ley de presupuestos y que, en cualquier caso, dichas cantidades no serán conceptuadas como retribuciones variables.
Comisión ejecutiva
26 de abril de 2021
