Según hemos tenido conocimiento, la Sentencia de 26 de diciembre de 2017 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 ha anulado el nombramiento de la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias, Eva M. Hernández, realizado el pasado mes de abril por el Ministerio de Justicia mediante el procedimiento de libre designación.
El Juzgado, en una resolución judicial que no es firme, anula así este nombramiento estableciendo que el Ministerio de Justicia incumplió la ley, en concreto los términos de la convocatoria y los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial: se trataba de algo tan obvio como que el puesto requería un mínimo de 10 años de antigüedad, y la candidata elegida tenía solo 5 años en la categoría. Además, existían para el puesto otras candidaturas que sí cumplían los requisitos legales, y, pese a ello, el gabinete de Rafael Catalá decidió deliberadamente seguir adelante con el nombramiento ahora anulado.
Esta circunstancia ya fue denunciada por el SISEJ que elevó una consulta urgente a la Secretaría General de la Administración de Justicia, consulta que ni tan siquiera fue contestada.
Igualmente, pese a que el Consejo del Secretariado informó previamente a favor de dicho nombramiento ilegal, el vocal de la Plataforma conjunta de Letrados de la Administración de Justicia, que integramos las organizaciones SISEJ y UPSJ, votó en solitario oponiéndose a dicho informe por el motivo que ahora estima la Audiencia Nacional.
Desde el SISEJ valoramos positivamente la Sentencia recaída en este asunto, que debe llamar a una seria y urgente reflexión de los poderes públicos y a una seria denuncia ante la opinión pública sobre la gravedad del uso que está haciendo este Ministerio de Justicia de las instituciones, incluso al margen de la legalidad.
Recordamos que el mes anterior a este nombramiento ahora anulado, la Plataforma Conjunta de Letrados de la Administración de Justicia denunció que el Ministerio de Justicia mantuvo ilegalmente en el cargo a una vocal del Consejo del Secretariado, en concreto a Zayda Sierra, que ya no estaba en servicio activo en el Cuerpo. El propio Ministro se vio obligado a dictar una Orden para sustituir a la vocal ante la repercusión pública de dicha denuncia.
Otro nombramiento para un cargo de libre designación por el Ministerio de Justicia que estuvo también impregnado de polémica fue el caso del nombramiento de la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, que recayó en una compañera de pupitre del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en detrimento de otro candidato con mejor curriculum y experiencia.
Queremos recordar también que, como denunciamos desde el SISEJ, este Ministerio de Justicia impulsó en 2015 a última hora la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que todos los puestos de Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal Supremo fueran de libre designación, y no por antigüedad en el escalafón como hasta ahora.
A ello hemos de sumar la falta de transparencia, control público y rendición de cuentas en la cobertura de puestos de Letrado de la Administración de Justicia en comisión de servicios, algo muy conocido en nuestro colectivo que está siendo una constante durante toda esta legislatura.
Este contexto, insólito en la Europa de 2017, se complementa con una ausencia de diálogo y de respuesta ante las constantes denuncias de irregularidades en la gestión de nuestro sector profesional por el Gabinete actualmente dirigido por Rafael Catalá y la Secretaría General ostentada por Antonio Dorado.
Por el contrario, la única respuesta del Ministerio de Justicia ha sido la reciente apuesta por la represión de la discrepancia mediante la expulsión del SISEJ de todas las reuniones a las que hasta ahora veníamos siendo convocados por el propio Ministerio, en una decisión sorpresiva, arbitraria e injustificada, fruto de los nervios ante un deterioro democrático que ya no puede seguir ocultando, y que lograremos devolver a la normalidad invocando el cumplimiento de la Ley y la protección de nuestros derechos y libertades.
En definitiva, pese a que no se trata de una sentencia firme,desde el SISEJ consideramos que la anulación del nombramiento de la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias debe marcar el inicio del fin de una etapa muy oscura en el Ministerio de Justicia, caracterizada por una apropiación de las instituciones públicas que son y deben ser de todos y para todos.
