En los últimos días se ha asistido en los órganos judiciales del Principado de Asturias a un ejemplo más del abandono y desidia al que se somete a la Administración de Justicia, al generar su paralización por la interrupción en el funcionamiento de Lexnet en los Juzgados y Tribunales de toda la Comunidad Autónoma. El Ministerio de Justicia había avisado, y así se llevó a cabo, su actualización en la tarde del 5 de abril, lo que provocó la suspensión del funcionamiento del sistema desde el viernes 6 hasta el martes 11 haciendo imposible que los profesionales pudieran hacer llegar sus escritos a órganos judiciales y estos recibirlos y tramitarlos.
Desde el propio Principado de Asturias se ha dado como explicación la incompatibilidad entre la actualización y el sistema operativo del que están dotados los equipos informáticos de la práctica totalidad de esta Comunidad. Al parecer para su correcto funcionamiento se exigía disponer de Windows 7 cuando el existente es el aun más obsoleto Windows XP, tan solo los Juzgados de Mieres que se hallan dentro de un proyecto piloto para comprobar su compatibilidad con las distintas aplicaciones judiciales, pudieron operar con normalidad.
Este conflicto no es un problema nuevo dentro de la Administración de Justicia de Asturias, la falta de inversión y modernización lleva aparejado que cada vez que se actualice o modifique alguna de las aplicaciones a las que es necesario acceder se produzcan desarreglos y desfases similares al ahora denunciado, si bien no con su importancia y trascendencia. Los servicios técnicos de la Administración autonómica deben acometer un constante y continuo “parcheo” del “material” disponible en aras a la continuidad de su funcionamiento, siendo en muchos incompatibles con otros sistemas y aplicaciones por lo que la solución de uno implica el desarreglo de otro u otros.
Por eso, para garantizar una Administración de Justicia propia del siglo XXI que asegure la prestación de un rápido y eficaz servicio público se demanda que tanto desde el Ministerio como del resto de Administraciones autonómicas implicadas se acometa una mejor planificación y estudio de las consecuencias que las actualizaciones e implantaciones de aplicaciones acarrea, y sobre todo una mayor inversión en equipos y sistemas que evite consecuencias como los estos días causados en el ámbito de Asturias, de tal modo que la justicia digital de la que tanto se habla desde el poder ejecutivo llegue a ser una realidad para los Juzgados y Tribunales y lo que es más importante, para los propios ciudadanos que a ellos asisten.
