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Casi siete meses de tiempo no han sido suficientes para que los juzgados de Valencia traduzcan una sentencia a la lengua autóctona, a pesar de las reclamaciones de una de las partes implicadas en el litigio, el profesor Ferran Pastor. La resolución de la que solicita traducción desestimaba un recurso previo del docente contra la Delegación del Gobierno por la imposibilidad de presentar una denuncia ante la Policía Nacional en las mismas condiciones que en castellano: de manera verbal y llevándose copia en valenciano.
La citada sentencia, que consideraba «inadmisible» el recurso del maestro y le imponía el pago de las costas del juicio por «la inconsistencia de la impugnación formulada», fue emitida por la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valencia el pasado 29 de abril. Ferran Pastor presentó el 12 de julio una solicitud en el decanato de los juzgados de la ciudad en la que reclamaba una copia del fallo en valenciano. Citaba el Estatuto de Autonomía (1982) y la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (1983) como normas básicas que amparan los derechos lingüísticos de los valencianohablantes.
Unos días después (el 25 de julio) recibió un escrito firmado por el decano de los jueces de Valencia, José Luis Gómez-Moreno, en la que le comunicaban que su petición había sido trasladada al juzgado autor de la sentencia y que el expediente abierto por la queja presentada quedaba archivado.
Tras varios meses de espera sin tener noticias de la sala, el ciudadano optó el pasado 26 de diciembre por formular una nueva reclamación ante los juzgados de Valencia, en la que reitera su solicitud y pregunta si esta ha sido atendida. La respuesta, firmada de nuevo por el decano de la jueces con fecha de 30 de diciembre de 2005, insiste en que se ha acordado el traslado de su escrito al juzgado de lo Contencioso número 4 y que es a este órgano al que debe dirigirse. Señala además que el expediente «se da por finalizado».
Transcurrido un mes desde la última comunicación del decanato, la situación no se ha movido un ápice y el profesor valenciano continúa a la espera de recibir la sentencia en la misma lengua oficial de la Comunidad en la que formuló su recurso ante la Justicia. Este no es el único embrollo en el que Ferran Pastor se ha embarcado para reclamar el uso del valenciano en la Justicia y en las Fuerzas de Seguridad. En enero de 2005, fue víctima de un accidente de tráfico y acudió al juzgado de primera instancia de Mislata (el de guardia aquel día) a denunciar los hechos. Como ya le ha pasado en más de una ocasión, no pudo obtener copia de la denuncia en valenciano, por lo que presentó la pertinente queja por discriminación lingüística.
La respuesta de la juez decana de Mislata en aquella ocasión fue taxativa. Archivó la reclamación, considerando que no existía ninguna disfunción en el juzgado. Para ello, hacía valer el artículo 231 de la ley orgánica del Poder Judicial, del que se desprende, remarcaba, que «la lengua oficial de la Administración de Justicia es el castellano».
